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La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios Quechuas de Potosí, en coordinación con la Federación Sindical Única de Mujeres Campesinas Originarias Quechuas de Potosí «Bartolina Sisa» el pasado 12 de mayo, ante la preocupante coyuntura actual por la que atraviesa el país, calificaron de intolerante las acciones del gobierno transitorio, que hace caso omiso a los constantes pronunciamientos y resoluciones del sector campesino.

Sabino Ventura, Secretario Ejecutivo de la federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios Quechuas de Potosí, indico “los bolivianos necesitamos un gobierno democrático elegido por el pueblo boliviano y no Un gobierno de transición golpista, lleno de improvisaciones y desaciertos que está violando flagrantemente los derechos de nuestros hermanos campesinos”.

Bajo el análisis de la coyuntura actual decidieron emitir la siguiente resolución:

Primero. – Rechazar vehementemente el Recurso de Inconstitucionalidad de la Ley1297 planteado por la presidenta transitoria del Estado Plurinacional de Bolivia Sñr. Jeanine Añez Ch. ante el Tribunal Constitucional, toda vez que, dicha Ley respeta las normas de la Carta Magna y cumple con todos los procedimientos legales para su consideración y aprobación y Promulgación.

Segundo. – Exigimos al Tribunal Supremo Electoral dar estricta aplicación a la ley 1297 «LEY DE POSTERGACIÓN DE LAS ELECCIONES GENERALES 2020» la misma que en cumplimiento a las precipitadas normas jurídicas en la parte considerativa de la presente resolución, cumple a cabalidad con las políticas legales correspondientes. Habiendo sido promulgada en fecha 30 de abril de 2020. Por lo que el Tribunal Supremo Electoral, deberá ajustar y dar continuidad a las actividades del calendario electoral, debiendo fijar fecha para las elecciones nacionales dentro de los 90 días siguientes al 3 de mayo de 2020. Por lo cual advertimos que, de no llevarse a cabo los comicios electorales en los parámetros señalados no nos responsabilizamos del levantamiento de las sociales.

Tercero.- rechazar enfáticamente los atropellos y abusos cometidos por el accionar tirano del Sr. Arturo Murillo, quien a nombre del Estado Boliviano viene atropellando y atemorizando a todos los ciudadanos de nuestro país, practicando políticas de discriminación, racismo y persecución, por la que no permitiremos el arresto o detención de ninguna autoridad originaria del sector campesino de nuestro departamento.

Cuarto.- Denunciar y demandar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la constante violación de los Derechos Fundamentales y garantías Constitucionales de los bolivianos por parte de comisionados del actual gobierno de facto, quienes, ante cualquier acto de expresión de agravios o vulneraciones de derechos de nuestros hermanos, inmediatamente activan amedrentamiento, persecuciones, procesos penales, detenciones ilegales, injusticiados, etc. al extremo de obligar a realizar declaraciones en contra de sí mismo, bajo amonestación o advertencia de empeorar sus condiciones legal si no colaboran con la justicia.

Quinto. – Exigir a la Contraloría General del Estado y al Ministerio Público inicien la inmediata investigación contra quienes corresponda por el presunto uso indebido de Bienes del Estado, en razón de los frecuentes viajes de particulares (hijo de una diputada y una modelo) en aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana, en razón a que dichas aeronaves son propiedad del Estado boliviano.

Sexto. – Exigir a la presidenta transitoria, la transparencia de las Donaciones Internacionales, así mismo pedimos la conformación de un comité de fiscalización para transparentar dichos montos económicos.

Séptimo. – Se repudia completamente los actos de corrupción conocidos recientemente con las empresas: Entel YPFB, Teleféricos y otros, por tanto exigimos a la presidenta transitoria, señora Jeanine Áñez, que la contratación del personal se realice según la ley del Sistema de Administración de Bienes y Servicios ley 181 de la SABS.

Octavo.- Rechazamos y exigimos la anulación del decreto 4232 «uso de los transgénicos», ya que es un atentado contra la salud de la población boliviana y la Madre Tierra, este decreto transgrede la Constitución Política del Estado Plurinacional, Ley 300 de la Madre Tierra, ley 144 de la Revolución Productiva, ley 071 derechos de la Madre Tierra, ley 3525 de fomento la Promulgación Ecológica, ya que esto afecta más a nuestra gente del área rural, por tanto no permitiremos el cambio de nuestras diversas semillas nativas con estas semillas transgénicas, más bien buscamos implementar una alimentación sana, con enfoque al fortalecimiento de la agricultura y producción familiar, campesinas indígenas y agro ecológicas, para hacer frente a esta pandemia del Coby 19 con productos naturales libres de los transgénicos.