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Las organizaciones sociales y el Pacto de Unidad del Departamento de Potosí en uso de sus específicas atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, este 3 de junio, habiendo analizado la coyuntura actual, la crisis estructural que vive el sistema capitalista, se ha agudizado sus consecuencias con la entrada en escena de la pandemia COVID-19.

Bolivia ya está siendo sacudida por las contradicciones generales que provoca la contracción de la economía mundial (baja en los precios de las materias primas) y por la virulencia del conjunto de antagonismos estructurales que ha despertado la pandemia, la necesidad de los capitalistas de retomar el ciclo económico normal, la necesidad del pueblo, obreros, campesinos, gremiales, transportistas, comerciantes, donde predomina la economía informal de reactivar sus fuentes de ingreso.

Frente a esta acción, el movimiento campesino de las cuatro regiones del Departamento de Potosí, está enfrentando ahora mismo la tarea de reorganizar su táctica de lucha para hacer frente a la catástrofe económica y social, tras años de estabilidad de las organizaciones sindicales y populares, la consolidación de castas burocráticas de dirigentes, de confusión política la crisis plantea con urgencia la necesidad de intervención colectiva de las bases frente a los ataques a sus condiciones de vida.

Durante todo este tiempo por más de dos meses de cuarentena en todo el territorio boliviano, el Departamento de Potosí, las provincias y municipios, desde el 17 de abril, hasta la fecha del presente año, se ha venido acatando la cuarentena para enfrentar la pandemia del COVID-19, sin embargo, no todos acatamos la cuarentena en igualdad de condiciones, donde algunos aprovechan y otros sufren con eso.

Las bases vienen realizando su autoconvocatoria en diferentes provincias, municipios por lo tanto el Pacto de Unidad de las organizaciones sociales del departamento de Potosí resuelven:

Primero; El gobierno de Jeaninne Añez debe anular el decreto presidencial N° 4234 que permite el ingreso de los transgénicos al territorio boliviano, que el mismo es un atentado para la salud de la economía de los pequeños productores, o de lo contrario la Asamblea Legislativa debe anular con una ley.

Segundo: El Ministerio de Educación los y las federaciones y confederaciones de maestros deben retornar a clases, con un plan estratégico de acuerdo a las coordinaciones de cada departamento y provincia.

Tercero: no permitiremos que se entregue el Salar de Uyuni a las empresas trasnacionales, porque este recurso natural es de todos los potosinos, ya nos han saqueado el Cerro Rico de Potosí, la Mina San Cristóbal, la explotación debe ser por los propios potosinos y el Estado boliviano, la explotación e industrialización del litio, con empresa estatal, con regalías para el departamento productor.

Cuarto: El estado debe tomar medidas sobre las clínicas privadas, estás quieren lucrar con la pandemia por lo tanto se deben nacionalizar las mismas para enfrentar la pandemia del COVID-19. Nacionalizar todos los hospitales y clínicas privadas bajo control de los trabajadores de SALUD, para garantizar la infraestructura y los equipos necesarios frente a la pandemia del coronavirus y otras enfermedades, basta de hacer negocios con la salud del PUEBLO, pruebas masivas para detectar el contagio del COVID-19 en la población, es la única manera de saber quiénes tienen el contagio y poder atender a esa población, sin las pruebas masivas la cuarentena no sirve de nada.

Más ítems de salud, todo el personal de salud debe pasar a la Ley General de trabajo y contar con todas las medidas de seguridad para realizar su labor y equipar los laboratorios de inmediato, para el control inmediato del COVID-19, en las cuatro regiones del Departamento de Potosí.

Quinto: El gobierno otorgue créditos agropecuarios sin interés y subvención a los agricultores, para la producción agrícola, de esta forma asegurar la seguridad alimentaria.

Sexto: Que el Tribunal Supremo Electoral, debe respetar de una vez la ley que llama a elecciones generales a la brevedad posible según las normativas con todos los protocolos de bioseguridad por parte del Tribunal Supremo Electoral.

Séptimo: La policía y el ejército no fueron creados para reprimir al pueblo boliviano, sino para proteger sus ciudadanos y el territorio boliviano, según la Constitución Política del Estado Plurinacional.

Octavo: Pedimos la renuncia del ministro de gobierno Arturo Murillo por soberbio y prepotente, que atenta contra el pueblo boliviano especialmente a los más pobres.

Noveno: Nos solidarizamos con el periodista John Arandia Hurtado y Junior Arias y su equipo de trabajo y con todos los trabajadores de prensa que hoy son amenazados y perseguidos por decir la verdad.

Decimo: Respaldamos a los compañeros que ya se encuentran movilizados en diferentes lugares, principalmente en la Provincia Chayanta, en Cruce Ventilla.

La presente Resolución es dada en la ciudad de Potosí, a los tres días del mes de junio de 2020.