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Establece la imprescriptibilidad de la pena por la comisión de estos delitos. Es decir que por su gravedad pueden ser objeto de investigación y enjuiciamiento contra sus autores sin ninguna limitación temporal.

Este avance normativo pone además candado a los actos de prevaricato y la conformación de consorcios que pudieran beneficiar a feminicidas e infanticidas, principalmente.