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Los días 9 y 10 de marzo la ciudad de La Paz acogió a mujeres líderes campesinas indígenas de los nueve departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia, pertenecientes a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, dónde trabajaron una agenda política con todas las demandas de las mujeres, como un acontecimiento por el Día Internacional de la Mujer.

En la oportunidad, Segundina Flores, Ejecutiva de la Confederación Nacional «Bartolina Sisa», indicó que la actividad se realizó en el marco del proyecto Mujeres Indígenas Originarias Campesinas de Bolivia, que la confederación lleva a cabo con el objetivo de fortalecer las acciones, desde las organizaciones sociales, para garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia.

«Este evento es muy importante para todas nuestras líderes departamentales de nuestra organización, también contamos con la participación de mujeres asambleístas, concejales y con todas las mujeres que pertenecen a la Alianza de Organizaciones de Mujeres, para proponer acciones para mejorar la situación de la mujer y frenar tanta violencia hacia todas nosotras», indicó Flores.

Ser mujer en Bolivia es una condición de alto riesgo. Bolivia es el tercer país en América Latina, después de El Salvador y Honduras, que tiene los mayores casos de feminicidio, le sigue como cuarto país Guatemala. En sudamérica, Bolivia es el primer país con las tasas más altas de feminicidio y el país con un menor número de casos de feminicidio es Chile, según datos del CEPAL en 2020.

Clementina Garnica, Secretaria de Relaciones de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas indígenas Originarias de Bolivia «Bartolina Sisa»,  indicó: «La participación de las mujeres Bartolinas es un muy importante, porque vienen de diferentes comunidades, diferentes departamentos de Bolivia, trayendo diferentes propuestas de la  injusticia, de la vulneración de sus nuestros derechos, cada una de ellas viene a plasmar en este tipo de encuentros sus propuestas para mejorar toda la violencia que vienen viviendo», indicó.

Las mujeres reunidas identificaron muchas problemáticas con relación a la violencia extrema en la que viven, también, las mujeres indígenas originarias campesinas, pudieron afirmar que el tratamiento de sus derechos así como la respuesta inmediata en materia de protección y garantía deben plasmarse en políticas públicas de manera urgente, así mismo, la sanción a los agresores a través de las leyes específicas, como la ley 348 (Garantía de una vida libre de violencia) la ley 243 (Acoso y Violencia Política) y la ley 263 (Contra la Trata y Tráfico de Personas), aún resultan insuficientes y débiles, para erradicar o disminuir los altos índices de violencia.

Isabel Ramírez, Secretaría de Justicia de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia «Bartolina Sisa», indicó que: «las mujeres y cada ejecutiva departamental tiene la obligación de socializar el documento que trabajamos en estos dos días para vida libre de violencia, en sus provincias, en sus comunidades, en todas las regiones y llegar a todas las bases», indicó.

En oportunidad del 8 de marzo, cuando se recuerda la lucha de un grupo de obreras norteamericanas para defender sus derechos laborales, nosotras mujeres indígenas originarias campesinas de ciudades y comunidades de los nueve departamentos de Bolivia, demandamos a las actuales autoridades competentes lo siguiente:

Con relación a la inversión de presupuestos para la lucha contra la violencia (presupuestos sensibles al género): Inversión e información de acuerdo con la ley para la gestión eficaz de las leyes 348, 243 y 263. Está inversión debe ser garantizada e informada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para todos los municipios del país, a través de un Plan Nacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Con relación al cumplimiento de artículos de las leyes 348, 243, 263 y Ley 1173: la propuesta es el cumplimiento cabal y a plenitud de la Resolución Ministerial No.001 de cada gestión escolar emitida por el Ministerio de Educación que establece la transferencia obligada de estudiantes en situación de violencia, acoso escolar y violencia sexual a otras unidades educativas, ante sola presentación de proceso legal de sus madres, que viven en situaciones de violencia.

Otro de los puntos establecidos en el debate fue la relacionada a las instancias responsables de la sanción legal de la violencia: dónde manifestaron modificar el Código Penal para endurecer las sanciones contra los delitos de violencia a las mujeres. Que las penas por los delitos de violencia cometidos hacia las mujeres sean acumulativas y se suprima la cesación de detención preventiva en caso de feminicidio y violación. Se debe estudiar otras medidas de castigo más extremas, como cadena perpetua en casos de violación, además se declararon en  alerta nacional por los hechos crecientes de violencia contra la mujer en Bolivia. Otras de las propuestas es exigir la presencia de la Defensoría de la niñez y adolescencia y los Servicios Legales Integrales Municipales en los municipios. Aparece como obligación de la institucionalidad pública y debe ser controlado por el ente rector qué es el Ministerio de justicia.

Con relación a los servicios Legales Integrales Municipales (SLIMs) el Sistema Integral Plurinacional de  Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia en razón  de Género (SIPPASE), los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU), el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (Sermujer): Proponen incorporar de forma inmediata y con presupuesto a una dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” en los SLIMS de todos los municipios del país, para que de esta manera con su presencia y participación en las labores del SLIM promuevan eficacia en las  intervenciones para detener y erradicar la violencia contra las mujeres.

Otro de los aspectos es la que está en relación a los servicios de apoyo y al rol de la educación para el tratamiento de la violencia: Dónde se propone la valoración pública de la utilidad de las casas de acogida para las mujeres que viven violencia y su inmediata construcción en lugares donde se demuestra su necesidad. Las mujeres y sus hijos deben de ser protegidos de la violencia y más aún si esta amenaza con ser extrema, es decir, feminicidios.

Con relación a la ley 243: La incorporación en los reglamentos internos de las Asambleas Departamentales y Gobiernos Municipales Autónomos del artículo 8 de la ley 243 dónde se explican los delitos de acoso y violencia política contra las mujeres, para que, de esta manera, se pueda avanzar en el reconocimiento del delito y su consiguiente denunciar. Un espacio público sin dichos mecanismos no permite la denuncia y el tratamiento eficiente del delito.

Con relación a las labores de prevención contra la violencia: Despliegue de campañas masivas de prevención de violencia que involucran los mecanismos públicos estatales, pero también los mecanismos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos para el tratamiento de la violencia contra las mujeres haciendo de la violencia un imaginario repudiable y combatible.

Otro de los puntos de socialización fue la que está en relación a los Comités de Derechos y Justicia y las promotoras comunitarias: Don se propone realizar convenios y acuerdos de cooperación con la Policía Nacional para que como Instrucción superior bajé a municipios y departamentos la coordinación entre promotoras comunitarias y policía para la prevención de la violencia.

Insertar en la planificación de las instituciones públicas municipales la relación de Talleres de socialización a adolescentes en los colegios, mujeres, varones y autoridades originarias sobre normativas vigentes a cargo de las promotoras comunitarias.

Instamos al gobierno nacional, gobiernos departamentales, gobiernos municipales y autoridades indígenas originarias campesinas a viabilizar con firme voluntad política el cumplimiento de las demandas de las mujeres indígenas originarias y campesinas. Haremos vigilancia al cumplimiento de las demandas presentadas a través de los planes de incidencia política locales ya construidos con las hermanas de los nueve departamentos. Finalmente convocamos a la verdadera pacificación del país a través del respeto a las diferencias, la valoración de nosotras las mujeres indígenas y a un proceso de verdadera transición democrática, demostrado en el desarme policial y militar.